El tema Venezuela ha sido objeto de la agenda parlamentaria en EEUU durante el verano.
El tratamiento de Venezuela por los actores políticos y expertos cuyo testimonio fue escuchado tanto en la Cámara como en el Senado, pone de relieve los enfoques y las agendas políticas dominantes en cada escenario.
En la Cámara de Diputados las audiencias (realizadas en el seno del Comité de Política Exterior y luego en el Comité de “Homeland Security”, bajo liderazgos del partido Republicano) el enfoque va en la dirección de establecer y documentar la clasificación de Venezuela como “Estado Forajido”. Es estas instancias se propone escalar en las sanciones unilaterales contra Venezuela, a partir de las recientes medidas adoptadas contra PDVSA. El más visible y radical de los voceros es el Diputado Connie Mac, Republicano de la Florida, quien propone un embargo petrolero contra Venezuela.
Los vínculos del régimen de Hugo Chávez con el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo son puestos de relieve en diversos testimonios y por distintos documentos. Las evidencias y especulaciones o escenarios presentados van desde bien documentados, hasta incipientes en otros casos. Pero también se dejan ver otros intereses. Los proponentes exigen al gobierno apoyar medidas que faciliten menos dependencia del petróleo Venezolano (la mano del Lobby Petrolero no pierde la oportunidad de promover algunos proyectos como el oleoducto USA-Canadá). Por otra parte, no podemos olvidar a la Florida para cuyo electorado cubano-americano Chávez y Fidel son la misma cosa, y por tanto merecedores de la misma política (sin entrar a evaluar los resultados y racionalidad de la ejecutada todos estos años contra el régimen de los Castro en Cuba).
No obstante, la propuesta de escalar en las sanciones unilaterales contra Venezuela no encuentra eco en el Departamento de Estado de los EEUU. Los altos funcionarios de la diplomacia del gobierno de Barack Obama admiten que existen pruebas e indicios de actividad criminal o contactos con el crimen internacional, así como acciones que violan el embargo de la ONU a Irán. Sin embargo piensan que las sanciones deben enfocarse en los responsables, por las conductas o actividades debidamente documentadas o comprobadas. Hablan de “calibrated and targeted action”, y presentaron evidencia de una larga lista de medidas adoptadas en el marco de dicho enfoque, incluyendo las recientes contra PDVSA. Además del tema petrolero, señalan los voceros del gobierno, que cualquier avance en la cooperación bilateral entre Colombia y Venezuela, particularmente en lo relativo a las FARC, es de peso para el Departamento de Estado; admitiendo algunos logros a raíz del dialogo iniciado por la administración del Presidente Santos con el gobierno de Chávez.
Finalmente, el Departamento de Estado no quiere contribuir a un clima de radicalización que favorezca a Hugo Chávez en la retórica política, ni tampoco adoptar medidas generalizadas que terminen por debilitar a los sectores políticos, sociales y empresariales que resisten con éxito el avance del proyecto hegemónico del régimen venezolano.
Las sanciones del Departamento de Estado que incluyeron a PDVSA (junto a 32 empresas de distintos países como China, Rusia, Singapur) se fundamentaron en negocios puntuales con empresas estatales de Irán. En el caso de PDVSA la venta de gasolina. Las sanciones sólo afectan a PDVSA, y en ningún caso al suministro de petróleo. Se concretan en su alcance a la exclusión de PDVSA de créditos del EXIMBANK, la procuración gubernamental federal y la exportación de bienes o servicios con alta tecnología sujetas a licencias de exportación, entre otras actividades similares. Por no tener ningún impacto en la práctica, personeros del Partido Republicano como Connie Mac las han caracterizado como “toothless sanctions”.
En el Senado las cosas marchan en otra dirección. En una audiencia de connotación bipartidista, celebrada en el Comité de Política Exterior, bajo la presidencia de Bob Meléndez (Demócrata de New Jersey) y el liderazgo de la minoría por parte de Marco Rubio (Republicano de la Florida), se trató “El estado de la democracia en Latinoamérica”. Venezuela afloró en la lista de democracias en crisis, y se analizó en extenso todas las desviaciones del régimen, pero de forma mucho mas serena y apartada de radicalismos. La conclusión en la que apuntan todos los testimonios en esta instancia es la de asegurar que exista observación electoral técnica y confiable de la OEA y la comunidad internacional en el proceso electoral venezolano del 2012.
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Para estudiar en detalle los testimonios de las referida actividad parlamentaria:
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